LOPDGDD artículo 22 y vigilancia laboral: límites
LOPDGDD artículo 22 y vigilancia laboral: qué regula el 22 y qué exigen los arts. 87, 89 y 90 en cámaras, geolocalización y dispositivos digitales.
Publicado el 8 de julio de 2026 · Última revisión: 31 de octubre de 2026.
Respuesta corta. El artículo 22 de la LOPDGDD regula la videovigilancia en general. Los límites de la vigilancia laboral están en el artículo 89 (cámaras y sonido en el trabajo), el 90 (geolocalización) y el 87 (dispositivos digitales), todos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. En los tres hay un deber de información a las personas trabajadoras y, en su caso, a sus representantes: previo en cámaras y geolocalización (con una excepción para el acto ilícito flagrante en las cámaras), y sobre los criterios de uso en los dispositivos digitales.
Esta guía recorre esos preceptos: qué sistemas contemplan, qué exige la proporcionalidad, cómo debe darse la información y qué dice la doctrina. Al final hay un modelo de cláusula informativa adaptable a cualquier protocolo de empresa.
Qué regula el artículo 22 de la LOPDGDD y dónde están los límites laborales
El artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018 se titula «Tratamientos con fines de videovigilancia». Permite tratar imágenes captadas con cámaras para preservar la seguridad de las personas y bienes y de sus instalaciones (apartado 1), fija que los datos se suprimen en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que deban conservarse para acreditar actos que atenten contra personas, bienes o instalaciones (apartado 3), y establece que el deber de información del artículo 12 del RGPD se cumple con un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible (apartado 4).
La vigilancia en el trabajo tiene sus propios preceptos, dentro del título X de la misma ley, sobre garantía de los derechos digitales:
| Artículo | Materia |
|---|---|
| 87 | Intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral |
| 88 | Desconexión digital |
| 89 | Videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo |
| 90 | Geolocalización en el ámbito laboral |
| 91 | Derechos digitales en la negociación colectiva |
La base de legitimación del tratamiento no suele ser el consentimiento, sino la ejecución del contrato de trabajo o el cumplimiento de una obligación legal (artículo 6.1.b y 6.1.c del RGPD). Eso no es una carta blanca: los artículos 89 y 90 permiten el control del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores solo «dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo», y en la práctica se traducen en tres exigencias:
- Finalidad legítima y limitada. Solo puede tratarse la información necesaria. Controlar el cumplimiento de la jornada es una finalidad legítima; vigilar la vida privada fuera del horario no lo es.
- Proporcionalidad. El sistema debe ser adecuado, necesario y equilibrado: no puede existir una medida menos intrusiva que alcance el mismo objetivo con eficacia suficiente.
- Información previa. Las personas trabajadoras y, en su caso, sus representantes deben ser informadas con carácter previo (artículo 89.1: «de forma expresa, clara y concisa»; artículo 90.2: «de forma expresa, clara e inequívoca»).
Estas reglas no derogan las laborales: el Estatuto de los Trabajadores sigue siendo aplicable, y todo sistema de vigilancia debe cumplir a la vez el artículo 20.3 del Estatuto y la LOPDGDD.
Tres sistemas de vigilancia: videovigilancia, geolocalización y dispositivos digitales
Son tres las categorías que la ley regula de forma expresa:
Videovigilancia en el entorno laboral
Las cámaras en el lugar de trabajo son el sistema de vigilancia más extendido. El artículo 89.1 de la LOPDGDD permite a los empleadores tratar las imágenes obtenidas con cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control previstas en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, siempre dentro de su marco legal y con sus límites. El artículo 22 aporta el plazo de supresión y el dispositivo informativo. Los requisitos son:
| Requisito | Contenido |
|---|---|
| Finalidad | Control laboral (art. 89.1) o seguridad de personas, bienes e instalaciones (art. 22.1) |
| Lugares vedados | En ningún caso en lugares de descanso o esparcimiento, como vestuarios, aseos y comedores (art. 89.2) |
| Información | Información previa, expresa, clara y concisa a las personas trabajadoras y, en su caso, a sus representantes (art. 89.1), más el dispositivo informativo visible (art. 22.4) |
| Conservación | Supresión en el plazo máximo de un mes desde la captación, salvo que se conserven para acreditar actos que atenten contra personas, bienes o instalaciones (art. 22.3) |
| Acceso | Restringido a quienes lo necesiten por función (principio de minimización, art. 5.1.c del RGPD) |
El plazo de un mes es uno de los límites más conocidos. Guardar grabaciones durante meses «por si acaso» vulnera el principio de limitación del plazo de conservación (art. 5.1.e del Reglamento General de Protección de Datos).
Geolocalización de trabajadores
La geolocalización laboral la regula el artículo 90 de la LOPDGDD. Permite a los empleadores tratar los datos obtenidos con sistemas de geolocalización para las funciones de control del artículo 20.3 del Estatuto, dentro de su marco legal y con sus límites (apartado 1). Antes, deben informar «de forma expresa, clara e inequívoca» a las personas trabajadoras y, en su caso, a sus representantes, sobre la existencia y características de estos dispositivos, y sobre el posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión (apartado 2).
A efectos de proporcionalidad conviene distinguir dos modalidades con consecuencias distintas:
- Geolocalización puntual para el fichaje: captura de coordenadas en el momento del registro de entrada o salida. Suele ser más fácil de justificar si está vinculada a centros de trabajo o zonas de prestación de servicio claramente definidas.
- Rastreo continuo de movimientos: seguimiento permanente de la posición del trabajador durante toda la jornada. Solo admisible si existe una razón de negocio específica y suficiente (flotas de transporte, asistencia a domicilio, por ejemplo) y siempre con información expresa al trabajador.
Para profundizar, puedes consultar el artículo Geolocalización en el fichaje: qué es legal según el RGPD.
Sistemas de control de la actividad digital
El artículo 87 de la LOPDGDD reconoce a las personas trabajadoras el derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales que pone a su disposición el empleador (apartado 1). El empleador puede acceder a los contenidos derivados de su uso «a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos» (apartado 2). Debe establecer criterios de utilización, con participación de los representantes de los trabajadores, e informar a las personas trabajadoras de ellos; si admite el uso privado, debe especificar los usos autorizados y las garantías de intimidad (apartado 3).
El precepto cubre el correo corporativo, el historial de navegación en dispositivos de empresa y las aplicaciones corporativas. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Bărbulescu c. Rumanía, Gran Sala, 5 de septiembre de 2017) exigió que la persona trabajadora hubiera sido informada de la posibilidad y del alcance del control antes de que se produjera.
Límite de la proporcionalidad: cuándo está justificado el control
El principio de proporcionalidad es el eje interpretativo de los artículos 89 y 90 de la LOPDGDD. Para determinar si un sistema de vigilancia laboral es conforme a la norma, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y los tribunales aplican el denominado triple juicio de proporcionalidad, que proviene de la doctrina constitucional española (por ejemplo, STC 186/2000, de 10 de julio):
-
Juicio de idoneidad. ¿El sistema es adecuado para conseguir la finalidad declarada? Las cámaras enfocadas a la caja registradora son idóneas para prevenir hurtos; las mismas cámaras enfocadas a la pantalla del ordenador de cada empleado raramente lo son para controlar el horario.
-
Juicio de necesidad. ¿Existe una medida menos intrusiva que alcance el mismo objetivo con eficacia suficiente? Si el control del horario puede lograrse con un sistema de registro digital sin vídeo, instalar videovigilancia sistemática en todos los puestos de trabajo no supera este juicio. Dónde está exactamente esa frontera entre registrar la jornada y vigilar con cámaras se desarrolla en la guía sobre videovigilancia y control horario.
-
Juicio de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Los beneficios que aporta el control superan el coste en derechos del trabajador? Este análisis es el más delicado y debe documentarse, especialmente cuando el tratamiento implica datos sensibles o un riesgo elevado.
La consecuencia práctica es que no basta con que el empresario tenga derecho legal a implantar un sistema de vigilancia: además tiene que justificar por qué ese sistema concreto, en esa empresa concreta, con esa dimensión y alcance concretos, es proporcionado.
Obligación de informar al trabajador antes de implantar el sistema
La exigencia de información previa es quizás el elemento más operativo de la vigilancia laboral y, a la vez, el que más frecuentemente se incumple. Los artículos 89.1 y 90.2 exigen informar con carácter previo: la información debe producirse antes de que el sistema entre en funcionamiento.
Quién debe ser informado: trabajador, representantes y sindicatos
Los artículos 89 y 90 de la LOPDGDD establecen que la información debe proporcionarse:
- A los trabajadores afectados, individualmente o a través del canal habitual de comunicación interna de la empresa.
- A los representantes legales de los trabajadores (comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales), con carácter previo a la implantación. Esta obligación convive con el derecho del comité a emitir informe previo que el artículo 64.5.f) del Estatuto de los Trabajadores atribuye al comité de empresa en materia de implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo.
La ley no prevé expresamente que la falta de información a los representantes anule el tratamiento. Sí puede constituir una infracción grave del artículo 7.7 de la LISOS (derechos de información y consulta) y debilita la posición del empleador si se impugna el sistema.
Forma y contenido mínimo de la información
La ley no exige una forma específica (podría ser carta, correo electrónico, cláusula en el contrato o protocolo interno), pero sí que sea inequívoca y que contenga, al menos:
- La existencia del sistema y su naturaleza (cámaras, GPS, registro de actividad digital, etc.).
- La finalidad del tratamiento (control de la jornada, seguridad de las instalaciones, gestión de flotas, etc.).
- La identidad del responsable del tratamiento y, si procede, del delegado de protección de datos (DPD).
- El plazo de conservación de los datos.
- Los derechos que asisten al trabajador: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento (arts. 15-22 del Reglamento General de Protección de Datos).
- La posibilidad de presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Además, cuando el tratamiento implique una evaluación de impacto en protección de datos (EIPD), el responsable debe llevarla a cabo antes de implantarlo. Puedes ver cuándo es obligatoria en el artículo Evaluación de Impacto (EIPD) para el sistema de fichaje: guía práctica.
El registro de jornada: ¿es vigilancia?
Esta es una de las preguntas que más frecuentemente formulan los responsables de cumplimiento. La respuesta es matizada.
El registro de jornada laboral es una obligación legal establecida en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, introducido por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. Su finalidad no es vigilar al trabajador, sino garantizar que los tiempos de trabajo se documentan correctamente y que el empleado puede demostrar que se respetan sus derechos en materia de descanso y limitación de jornada.
Desde la perspectiva de los artículos 87, 89 y 90 de la LOPDGDD, el registro de jornada presenta estas características:
- No es vigilancia en sentido estricto si se limita a registrar hora de entrada y salida: no implica monitorización de movimientos ni de actividad.
- Sí puede convertirse en vigilancia si se añaden capas que van más allá de la hora de fichaje: videovigilancia del puesto de trabajo, GPS continuo, registro de pantalla o actividad de teclado vinculada al registro de presencia.
- Requiere igualmente información previa al trabajador, por aplicación del artículo 13 del RGPD, aunque la base de legitimación sea el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c del RGPD).
En otras palabras: el registro de jornada es un tratamiento de datos amparado por la ley, pero no exime al empleador de informar al trabajador ni de aplicar el principio de minimización. Registrar la hora de entrada es obligatorio y proporcional; registrar, además, la ubicación GPS con actualización cada cinco minutos para validar el fichaje raramente lo es.
Para un análisis más amplio del marco normativo del registro de jornada, consulta la página Ley de registro horario digital.
Doctrina: qué han dicho los tribunales
La LOPDGDD fija las reglas, y los tribunales han precisado cómo se aplican en la videovigilancia sin aviso expreso:
- Tribunal Constitucional. La STC 186/2000, de 10 de julio, aplicó el juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) a una instalación de videovigilancia en un comercio, y desestimó el amparo: validó la cámara oculta, de modo que no debe leerse como una sentencia restrictiva.
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En López Ribalda y otros c. España (Gran Sala, 17 de octubre de 2019) el Tribunal no apreció vulneración del derecho a la vida privada en un caso concreto de cámaras ocultas instaladas por sospechas fundadas de irregularidades graves y durante un tiempo limitado, y subrayó que la información previa sigue siendo la regla general.
- Ley. El artículo 89.1 de la LOPDGDD añade que, si se capta la comisión flagrante de un acto ilícito, el deber de informar se entiende cumplido cuando existe, al menos, el dispositivo informativo del artículo 22.4.
La Agencia Española de Protección de Datos publica en su web guías y resoluciones sobre tratamientos laborales; conviene consultarlas antes de implantar un sistema nuevo. Para un resumen de resoluciones sobre control horario, puedes consultar AEPD y control horario: resoluciones que debes conocer.
Diferencia entre registrar la presencia y monitorizar la actividad
Esta distinción es clave para entender el alcance de estos preceptos y para diseñar sistemas de control conformes. La tabla siguiente resume las diferencias:
| Dimensión | Registro de presencia | Monitorización de actividad |
|---|---|---|
| Qué captura | Hora de entrada y salida | Pantalla, teclado, aplicaciones usadas, URLs visitadas |
| Base legal habitual | Art. 6.1.c RGPD (obligación legal, art. 34.9 ET) | Art. 6.1.b RGPD (contrato) o interés legítimo con balance |
| Nivel de intrusión | Bajo: solo datos de tiempo | Alto: puede revelar hábitos, salud, vida privada |
| Exige EIPD | Generalmente no (salvo biometría o GPS continuo) | Generalmente sí (art. 35.3 del RGPD; lista AEPD 2019) |
| Información mínima | Cláusula contractual o protocolo interno | Protocolo detallado + política de uso de TIC |
| Riesgo de exceso | Bajo si se limita al fichaje | Alto: tendencia al alcance expansivo |
El error más habitual no es implantar sistemas de monitorización de actividad sin decirlo (eso es una infracción obvia), sino que el alcance del sistema se expande gradualmente. Se empieza registrando hora de entrada; después se añade un módulo de control de pausas; más tarde se incorpora el seguimiento de aplicaciones activas. Cada ampliación requiere una nueva evaluación de proporcionalidad y una actualización de la información proporcionada al trabajador.
Sistemas que incumplen la ley: ejemplos y sanciones
Patrones de incumplimiento frecuentes, con el precepto que los prohíbe:
Cámaras sin información previa o sin distintivo
Instalar cámaras sin informar antes a las personas trabajadoras y a sus representantes incumple el artículo 89.1. Además, el dispositivo informativo del artículo 22.4 debe estar en un lugar suficientemente visible e identificar, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD.
Cámaras o micrófonos en lugares de descanso
El artículo 89.2 lo prohíbe «en ningún caso» en vestuarios, aseos, comedores y lugares análogos. La grabación de sonido en el lugar de trabajo solo se admite cuando los riesgos para la seguridad de instalaciones, bienes y personas sean relevantes y respetando proporcionalidad e intervención mínima (artículo 89.3).
Geolocalización sin información
Activar el GPS en dispositivos corporativos o vehículos sin informar antes, de forma expresa, clara e inequívoca, vulnera el artículo 90.2 de la LOPDGDD y el artículo 13 del RGPD.
Conservación de grabaciones de videovigilancia más de un mes
El artículo 22.3 establece la supresión en el plazo máximo de un mes desde la captación, salvo que deban conservarse para acreditar actos que atenten contra personas, bienes o instalaciones; en ese caso, las imágenes se ponen a disposición de la autoridad competente en un máximo de setenta y dos horas desde que se tuvo conocimiento de la grabación.
Acceso a correo o navegación sin criterios de uso
El artículo 87.3 obliga a establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales, con participación de los representantes de los trabajadores, e informar de ellos. Acceder a sus contenidos sin esos criterios contradice la ley y la doctrina del TEDH.
Sanciones
Las infracciones de estos preceptos se reconducen, en términos sancionadores, a los tipos del artículo 83 del RGPD. En España, la LOPDGDD las clasifica en muy graves, graves y leves (artículos 72 a 74):
| Tipo de infracción | Marco sancionador (art. 83 RGPD) |
|---|---|
| Falta de información al trabajador (art. 13 RGPD) | Hasta 20 M€ o el 4 % del volumen de negocio anual mundial (el mayor) |
| Tratamiento desproporcionado (art. 5 RGPD) | Hasta 20 M€ o el 4 % del volumen de negocio anual mundial (el mayor) |
| Exceso en el plazo de conservación (art. 5 RGPD) | Hasta 20 M€ o el 4 % del volumen de negocio anual mundial (el mayor) |
| Base de legitimación insuficiente (art. 6 RGPD) | Hasta 20 M€ o el 4 % del volumen de negocio anual mundial (el mayor) |
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) gradúa la sanción según los criterios del artículo 83.2 del RGPD (naturaleza, gravedad, duración, intencionalidad, medidas adoptadas), de modo que la cuantía en cada caso depende de esas circunstancias y puede ser muy inferior al máximo.
Cómo diseñar un sistema de fichaje que respete estos límites
El cumplimiento de la LOPDGDD en el diseño de un sistema de registro de jornada implica aplicar el principio de privacidad desde el diseño (privacy by design, art. 25 del Reglamento General de Protección de Datos) desde la fase de selección del sistema, no solo en la fase de implantación.
Los pasos recomendados son:
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Define la finalidad de forma precisa y documentada. «Controlar el horario» no es suficiente: ¿entrada y salida? ¿pausas? ¿desplazamientos? Cada finalidad adicional requiere su propia justificación.
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Selecciona el método de fichaje más proporcional para esa finalidad. Para equipos de oficina, un fichaje por PIN o tarjeta es generalmente suficiente. La biometría o el GPS solo se justifican cuando existen razones específicas que los hagan necesarios. Puedes ampliar esta perspectiva en el artículo Biometría y fichaje: por qué la AEPD recomienda evitarla.
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Analiza si es necesaria una EIPD. Si el sistema implica datos biométricos, geolocalización continua o una evaluación sistemática de trabajadores a gran escala, la evaluación de impacto es obligatoria antes de implantarlo.
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Redacta la cláusula informativa adaptada a ese sistema concreto (véase el modelo al final de este artículo).
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Entrega la información a trabajadores y representantes antes de la puesta en marcha. Guarda acuse de recibo documental.
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Configura los plazos de conservación en el propio sistema para que los datos se eliminen automáticamente transcurrido el plazo legal o el que hayas establecido en tu política de privacidad.
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Restringe el acceso a los datos de fichaje: solo deben poder consultarlos quienes lo necesiten por razón de su función (RRHH, dirección, mánager directo para la gestión de la jornada de su equipo).
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Revisa el sistema cuando cambies de proveedor, amplíes sus funciones o se produzcan cambios normativos relevantes.
Si tu empresa opera en varios sectores o cuenta con colectivos con particularidades específicas (teletrabajadores, trabajadores a tiempo parcial, trabajadores de construcción u hostelería), las exigencias pueden variar. Consulta los artículos de sectores de Tempika para ver las particularidades aplicables.
Modelo de cláusula informativa para el protocolo de empresa
El siguiente modelo de cláusula informativa puede incorporarse al protocolo interno de control horario, al contrato de trabajo o a un documento específico de política de uso del sistema de fichaje. Debe adaptarse a cada empresa, sistema concreto y finalidades declaradas.
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE JORNADA
Conforme al artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a los artículos 87, 89 y 90 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), según el sistema
Responsable del tratamiento: [Razón social de la empresa], [NIF], [Dirección], [Correo electrónico de contacto]
Delegado de Protección de Datos (si procede): [Nombre o correo electrónico del DPD]
Finalidad: Gestión del registro obligatorio de la jornada laboral, conforme al artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Los datos recogidos son: fecha, hora de inicio y fin de la jornada, y [indicar si se recogen pausas / localización puntual / dispositivo empleado].
Base de legitimación: Artículo 6.1.c RGPD (cumplimiento de una obligación legal impuesta al responsable del tratamiento).
Destinatarios: Los datos podrán ser comunicados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de actuaciones de comprobación, y a asesores laborales y jurídicos bajo deber de confidencialidad. No se realizan transferencias internacionales de datos.
Plazo de conservación: Los registros de jornada se conservarán durante cuatro años, conforme al artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores y al Criterio Técnico 101/2019 de la ITSS, y posteriormente serán destruidos de forma segura.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad dirigiendo comunicación escrita al responsable del tratamiento en la dirección indicada, adjuntando copia de su documento de identidad. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
[En caso de geolocalización añadir: Sobre la geolocalización: El sistema registra la posición GPS del dispositivo exclusivamente en el momento del fichaje de entrada y salida, con la finalidad de verificar la prestación de servicios en los centros de trabajo autorizados. No se realiza rastreo continuo de movimientos fuera de ese momento.]
Este modelo recoge los elementos mínimos exigidos por el artículo 13 del RGPD y por los artículos 89 y 90 de la LOPDGDD. La adaptación a cada caso concreto es imprescindible: un sistema que incorpora biometría, rastreo GPS continuo o control de actividad digital exige cláusulas más detalladas y, en muchos supuestos, una EIPD previa.
Preguntas frecuentes sobre el artículo 22 y la vigilancia laboral
¿La LOPDGDD exige el consentimiento del trabajador para implantar un sistema de fichaje?
No. La base de legitimación habitual para el registro de jornada es el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c RGPD, en relación con el art. 34.9 ET). El consentimiento no es la base adecuada en el ámbito laboral para tratamientos vinculados a la ejecución del contrato o a obligaciones normativas, porque el desequilibrio de poder entre empleador y empleado hace que el consentimiento raramente sea libre. Lo que sí exigen los artículos 89.1 y 90.2 es la información previa, que no es lo mismo que el consentimiento.
¿Puede el empresario instalar cámaras sin decírselo a los trabajadores para investigar un robo concreto?
El artículo 89.1 de la LOPDGDD exige informar con carácter previo, de forma expresa, clara y concisa. Hay una excepción: si se capta la comisión flagrante de un acto ilícito, el deber de informar se entiende cumplido cuando existe al menos el dispositivo informativo del artículo 22.4. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en López Ribalda y otros c. España (Gran Sala, 17 de octubre de 2019), no apreció vulneración en un caso de cámaras ocultas con sospechas fundadas de irregularidades graves y una medida limitada en el tiempo. La excepción es estricta: no ampara la videovigilancia encubierta como forma habitual de control.
¿Qué pasa si los representantes de los trabajadores no han sido informados antes de instalar el sistema?
Los artículos 89.1 y 90.2 de la LOPDGDD obligan a informar también a los representantes, «en su caso», y el artículo 64.5.f) del ET les atribuye un derecho de información y consulta sobre la implantación de sistemas de control. La falta de información debilita la posición del empleador en caso de impugnación judicial del sistema. Además, si tampoco existe información individual al trabajador, el tratamiento puede carecer de transparencia suficiente conforme al artículo 5.1.a RGPD, lo que expone al responsable a una sanción de la AEPD.
¿El registro de jornada de cuatro años exige conservar también los datos de geolocalización durante ese periodo?
No necesariamente. El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores y la doctrina de la ITSS (Criterio Técnico 101/2019 de la ITSS) recogen la obligación de conservar el registro de jornada (hora de inicio y de fin de la jornada) durante cuatro años. Si la geolocalización se usa únicamente para validar el fichaje en el momento del registro, la lógica del principio de minimización y la limitación del plazo de conservación (art. 5.1.e RGPD) aconsejan no mantener las coordenadas GPS durante los mismos cuatro años: el dato de localización puntual cumple su función en el momento del fichaje y puede no ser necesario conservarlo en la misma granularidad que el registro de tiempo.
¿Cómo afecta esta regulación a las empresas que usan un SaaS de fichaje como Tempika?
Cuando una empresa usa un software de terceros para gestionar el registro de jornada, el proveedor del software actúa como encargado del tratamiento (art. 28 RGPD). El responsable del tratamiento sigue siendo la empresa empleadora. Es la empresa la que debe cumplir las obligaciones de información, proporcionalidad y conservación, mientras que el proveedor debe garantizar medidas técnicas y organizativas adecuadas. Los sistemas preparados para el cumplimiento normativo ofrecen configuración de plazos de borrado, exportación para inspecciones y documentación del tratamiento.
Si quieres conocer cómo Tempika gestiona la cadena de responsabilidades en materia de protección de datos, visita la página de funcionalidades del sistema de fichaje Tempika o consulta los planes y precios de Tempika.
Para saber más
- Ley de registro horario digital: todo lo que necesitas saber
- Evaluación de Impacto (EIPD) para el sistema de fichaje: guía práctica
- Derechos del trabajador sobre sus datos de fichaje y el RGPD
- AEPD y control horario: resoluciones que debes conocer
- Geolocalización en el fichaje: qué es legal según el RGPD
Texto redactado por el Equipo Tempika con base en la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), el Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015), el Criterio Técnico 101/2019 de la ITSS y la doctrina citada. Este artículo tiene carácter informativo general y no sustituye al asesoramiento jurídico especializado.
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